“¿Qué pruebas tienen?»: Sheinbaum responde sobre empresas sancionadas por EU
La presidenta critica que el Tesoro estadounidense actuó de forma unilateral y sin coordinación previa con México en el caso del contrabando de combustible
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este martes al comunicado emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el que se anunciaron sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas al contrabando de combustible y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La mandataria no solo cuestionó el contenido del documento, sino también la manera en que Washington decidió hacerlo público: sin avisar antes a las autoridades mexicanas y sin esperar una acción coordinada entre ambos gobiernos.
Para la jefa del Ejecutivo federal, el problema no es únicamente el fondo del asunto, sino las formas. México, señaló, ya tenía sus propias investigaciones en curso sobre los mismos involucrados, y la publicación unilateral del comunicado rompió con el protocolo de colaboración bilateral que ambos países habían venido manejando en materia de seguridad.
La UIF ya investigaba a los señalados, dice Sheinbaum
Uno de los puntos centrales del posicionamiento de Sheinbaum fue dejar en claro que las personas mencionadas en el comunicado del Tesoro ya estaban en el radar de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el organismo mexicano encargado de rastrear operaciones financieras ilícitas y activos vinculados a la delincuencia organizada.
«En este caso, las personas de las que habla este comunicado ya estaban también bajo investigación de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado, no esperaron a la comunicación conjunta y ponen este tema de las campañas que no entendemos por qué».
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Con esa declaración, la presidenta dejó en claro su molestia ante lo que describió como una decisión apresurada e inconsulta. No negó la existencia de investigaciones, ni descartó los vínculos señalados entre las empresas sancionadas y el CJNG, pero sí marcó distancia respecto a la forma en que el gobierno estadounidense eligió ventilarlo públicamente.
El punto más polémico: el financiamiento a campañas políticas
El comunicado del Tesoro de Estados Unidos incluyó una afirmación que generó particular incomodidad en el gobierno mexicano: la supuesta utilización de los recursos provenientes del contrabando de combustible —conocido popularmente como huachicol— para financiar campañas políticas en México. Esta señalamiento no pasó desapercibido y Sheinbaum lo confrontó directamente, aunque sin entrar en detalles sobre personas o partidos específicos.
La mandataria reconoció no tener claridad sobre el propósito de incluir ese dato en el documento, y calificó la mención como algo que «no se entiende», abriendo la puerta a la interpretación de que podría tratarse de una presión política más que de una acción puramente de seguridad. La pregunta que quedó flotando en el ambiente fue si esa referencia tenía alguna intención más allá de lo estrictamente judicial o financiero.
Qué son las sanciones del Tesoro y qué implican
Las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro son una herramienta que Estados Unidos utiliza para bloquear activos y prohibir transacciones financieras con individuos o entidades consideradas una amenaza para la seguridad nacional o vinculadas a actividades ilícitas. En este caso, las medidas apuntan a personas y empresas que, según Washington, facilitaron el contrabando de combustible en México y canalizaron esas ganancias hacia estructuras del CJNG, uno de los cárteles más poderosos y violentos del país.
El huachicol, como se conoce coloquialmente al robo y comercio ilegal de combustible, ha sido uno de los grandes focos de atención de las autoridades mexicanas desde el sexenio anterior. Los montos involucrados pueden ser millonarios, y las redes que lo operan suelen estar ligadas a estructuras criminales con presencia en múltiples estados de la república, entre ellos Veracruz, zona históricamente disputada por distintos grupos del crimen organizado.
La tensión diplomática detrás del comunicado
El episodio pone sobre la mesa una tensión que no es nueva entre México y Estados Unidos: hasta dónde llega la cooperación y dónde empieza la intromisión. El gobierno de Sheinbaum ha insistido desde el inicio de su mandato en que la colaboración en materia de seguridad debe darse en términos de respeto a la soberanía nacional, sin que Washington tome decisiones unilaterales que afecten la agenda interna del país.
Este no es el primer roce diplomático en torno al tema del narcotráfico y los cárteles. Sin embargo, la mención al financiamiento de campañas políticas eleva la temperatura del debate, porque toca directamente el sistema político mexicano y podría tener implicaciones en la percepción pública de partidos e instituciones electorales, especialmente en un contexto en que México sigue procesando los resultados de sus últimas elecciones.
México pide coordinación, no acciones sorpresa
El mensaje del gobierno mexicano fue claro: están dispuestos a colaborar, pero bajo sus propias reglas y tiempos. La UIF ya llevaba sus propias pesquisas sobre los involucrados, y la expectativa era llegar a un punto de coordinación antes de cualquier anuncio público. Que el Tesoro se haya adelantado rompe esa dinámica y, según la presidenta, genera confusión innecesaria, sobre todo cuando se mezclan temas tan sensibles como el financiamiento electoral.
Por lo pronto, Sheinbaum exigió que Estados Unidos entregue las evidencias que respaldan las afirmaciones contenidas en el comunicado, particularmente las relacionadas con el financiamiento a campañas. Una petición que, dicho sea de paso, será difícil de ignorar dado el peso político y mediático que tiene la figura presidencial en México en este momento.
La pelota, como suele decirse, quedó del lado estadounidense.
Fuente: Xeu noticias
