La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este jueves mantener bajo reserva los nombres y cargos específicos de todo el personal sustantivo de la Fiscalía General de la República (FGR), es decir, agentes del Ministerio Público Federal (MPF), integrantes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos.

La votación en el Pleno fue de 7 a favor y 3 en contra, con lo que se anuló una resolución dictada en el mes de agosto de 2019 por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que había ordenado a la FGR publicar los siguientes datos: Nombres y cargos de agentes del MPF, salvo los de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); nombres de personal administrativo de SEIDO, y denominación correcta de los cargos de todos los agentes del MPF, PFM, peritos y analistas adscritos a todas las subprocuradurías.

A continuación el comunicado:

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver una controversia constitucional promovida por la Fiscalía General de la República (FGR), invalidó la resolución de un recurso de revisión donde el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenaba entregar a un particular el nombre y cargo de todo el personal que realiza tareas sustantivas de investigación y persecución de delitos, adscrito a diversas subprocuradurías de la FGR, entre los que se incluyen Agentes del Ministerio Público de la Federación, Policías Federales Ministeriales y Peritos.

Lo anterior al determinar que la mencionada resolución incidía negativamente en el ejercicio de la esfera competencial constitucional que la FGR tiene conferida en los artículos 21 y 102 de la Constitución General, por las siguientes razones:

1. Se identificó en términos concretos cómo es que la información requerida podría comprometer el ejercicio de sus facultades constitucionales y, con ello, la seguridad pública del país, en virtud de que: a) la información podría ser aprovechada por los grupos criminales para conocer la capacidad de reacción de la FGR; b) con dicha información se revelarían a detalle las características funcionales del personal y con ello, su organización para el cumplimiento de sus funciones; y c) los Ministerios Públicos de la Federación están sujetos a cambios de adscripción.

2. Existe una relación causal general entre la entrega de la información y la afectación a la seguridad pública, pues los grupos criminales estarían en posibilidad de obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia y contrainteligencia en el combate a la delincuencia y la investigación de los delitos federales.

3. Se acreditó con evidencia suficiente la existencia de la relación causal general entre entregar los nombres y cargos de los Agentes del Ministerio Público Federal y la afectación que ello traería a la seguridad pública.

Además, el Pleno de la SCJN invalidó la resolución del INAI donde ordenó a la FGR la entrega de los nombres y cargos del personal administrativo adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en virtud de que aun cuando dicho personal no realiza tareas sustantivas, sí tiene acceso a información relativa a ésta, como son operativos, turnos de asuntos, armamento, imputados y víctimas, entre otros.

Controversia constitucional 325/2019, promovida por la Fiscalía General de la República, demandando la invalidez de la resolución del recurso de revisión RRA 9481/19, emitido el 28 de agosto de 2019, por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Fuente:SCJN/Foto:Archivo/JAC